Hemos visto en 50 días que, con suma prisa y desvelo, el poder ejecutivo que entorna a Mauricio Macri tomó medidas unilaterales y unidireccionales hacia la liberalización de la economía tal como manda su profunda ideología neoliberal.
Eliminación de los controles de precios, la derogación de la obligación de las empresas de informar periódicamente su estructura de costos para justificar los pedidos de aumentos de precios, la eliminación del plazo para que los exportadores liquiden divisas y la desregulación casi absoluta del mercado financiero o del “encaje” a los capitales que vienen del exterior son algunas de las medidas que fueron en ese sentido, con los efectos conocidos.
Sin embargo, como en todos las áreas de gobierno, el “espíritu liberalizador” va más allá, directo a trascender límites para lidiar con situaciones de tolerancia y complicidad con el delito; un ejemplo son los candidatos propuestos por Macri para encabezar la Unidad de Información Financiera (UIF), ambos abogados asesores de los principales acusados de haber lavado dinero de origen ilícito en el país.
En este marco, nos enteramos de que el Banco Central, conducido ahora por el funcionario procesado Federico Sturzenegger, despidió ayer al gerente operativo que llevaba adelante los sumarios contra bancos y empresas investigados por supuestas infracciones a la ley penal cambiaria y conductas irregulares en materia financiera, decisión que se suma al despido de un grupo de inspectores abocados al control de entidades financieras y el allanamiento de cuevas. Todos ellos habían entrado al BCRA durante la presidencia de Alejandro Vanoli.
La nueva gestión de la Superintendencia de Entidades Financieras, a cargo Fabián Zampone y Francisco Gismondi, entiende que con el levantamiento del cepo muchas de las conductas investigadas y sumariadas dejaron de ser ilícitas y que podría extrapolarse del derecho penal el principio de "ley más benigna", por el cual el sujeto investigado (en este caso, los bancos) se beneficiarían por normativas más laxas que la Ley 19.359, conocida como “ley penal cambiaria”; que reprime las operaciones ilegales del mercado cambiario.
Entendemos que la nueva conducción del Banco Central (absolutamente alineada con los intereses y preocupaciones de los bancos) ha interpretado al levantamiento del “cepo” como una especie de amnistía o indulto para todos los que tienen sumarios pendientes en el BCRA (más de 100.000) por operaciones cambiarias ilegales; desde los simples "arbolitos" que ofertan en la calle, hasta las "cuevas" de la city, creadas y sostenidas en la mayoría de los casos por los bancos; para reciclar moneda negra de origen sospechoso y forzar la devaluación que finalmente se produjo apenas asumió Macri.
Esto suena, cuando menos, paradojal porque no se ha modificado la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo artículo 14 inciso i) le impone "Ejercer las facultades y poderes que asigna al banco esta ley y sus normas concordantes;, mientras que el artículo 29 inciso b) lo faculta a "Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija."; de modo que un organismo del Estado decide por sí y ante sí, dejar de cumplir con un rol que le asignan las leyes.
En beneficio de los bancos (los principales implicados en los sumarios por infracciones a la ley penal cambiaria, de un modo directo o indirecto) el gobierno deja a un lado otra promesa de campaña de Macri: aquéllo de que "tenemos que acostumbrarnos a vivir de acuerdo a las leyes y con premios y castigos, que el que las hace las pague".
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