martes, 21 de noviembre de 2017

Macrilandia: Facturas de gas aumentan 45% para usuarios residenciales y 58% para comercios.


El nuevo aumento promedio de las facturas de gas para los usuarios de todo el país, sumando el precio del fluido, el transporte y la distribución, será a partir de diciembre (2017) de 45% y de 58% para la casi totalidad de los comercios, se informó oficialmente en el marco de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía.

En consecuencia, los clientes residenciales de los segmentos de menor consumo (el 56% del total) pagarán sin impuestos $ 227 mensuales (o $ 134 si se aplica la tarifa social), sostuvo Marcos Porteau, subsecretario de Exploración y Producción del Ministerio de Energía y Minería.

Porteau dio precisiones sobre el incremento en la audiencia pública que trata el aumento del precio del gas en boca de pozo, que comenzó en el Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca.

La suba llega en el momento en cual también se prepara el aumento para la tarifa de la luz.

Cabe recordar que el aumento en el precio del gas está previsto en el cronograma de reducción escalonada de subsidios que presentó un año atrás el Ministerio de Energía de Juan José Aranguren.

Según ese escalonamiento, el precio del gas debía pasar en octubre de u$s3,77 a u$s4,19 con un aumento del 11,1%. Este incremento que se postergó para diciembre llegará al 19% ahora porque se sumará un 7,7% por la devaluación del peso, considerando un tipo de cambio de $18,33 frente a $17,02 con que se calcularon los precios vigentes desde abril.

Entrevista a Víctor Hugo Morales, despedido de C5N.


Beatriz, su mujer, le sirve el enésimo mate de la mañana y él lo toma con fruición. Se apoltrona en uno de los sillones del living. Dice que durmió bien, a pesar del mal trago. Que ya piensa en la presentación de su libro de poemas y en su viaje de la semana que viene a Cuba para recibir un premio. "Iban a ser un par de días… Ahora a lo mejor me quedo unos días más…", y achina los ojos para lanzar la sonrisa franca. Es la mañana de sábado. Menos de 24 horas antes, Víctor Hugo fue despedido de C5N.

–Parecés más relajado que en tu anterior despido, el de radio Continental.

–Aquello era menos esperable, menos previsible. También más ilógico, más espantoso.

–¿Cómo fue este?

–A la 1 y media de la tarde me acuesto a dormir una siesta y, cuando estoy entrando en el sueño, me llaman para que vaya a una reunión en el canal. Me doy cuenta de que ahí mi vida cambió. No en términos brutales, pero ya no es la misma. Lo deciden otros, a nombre de otros, que a su vez actúan a nombre de otros. Con lo cual la cantidad de capas que rodea una decisión que te involucra son muchas. Y en cada una de ellas hay mucho poder. Con el término "irreconciliable", me comunicaron que consideraban la imposibilidad de tenerme en la empresa.

-¿Quién te echa realmente?

-La nueva empresa, definitivamente. A la anterior, tengo que agradecerle que hicieron lo posible por no echarme.

-Ignacio Jorge Rosner reconoció que fue al Newman y que es amigo de Mauricio Macri. Dijo ser la cara visible de un grupo inversor y que viene a ganar plata cuando se reunió con los periodistas del grupo, menos con vos.

–Sucedió hace diez días. Ahí entendí clarísimo mi destino, que no era parte de la fiesta.

–¿Quién es Rosner? ¿Es Macri, es Magnetto?

–Macri o Clarín están operando detrás, marcando cuáles son los límites de la libertad de expresión. Pero no creo que lo hayan llamado para que me eche. Sí, lo que yo digo le hace rechinar los dientes. Por su origen. Pero son tipos que se acostumbran a tomar poder. Me parece que Macri es más gerente del poder que él. Sabe lo que el poder quiere. Sabe todo, lo que pasó Indalo por tenerme. Sabe que necesita de la pauta y que no es la miseria que le están dando ahora. Indalo eligió una franja muy crítica al gobierno y se lo bancó, salvo en determinados momentos. Conmigo el pacto era "vos decís lo que querés; la producción es nuestra". Pude sugerir muchas cosas y rechazar otras... El canal tenía claramente vendidas sus notas políticas y yo no tenía relación con eso. Me echa esta empresa que no está dispuesta a escuchar una sola frase contra Macri o contra Clarín.

–Esto es disciplinamiento.

–Responde a una postura ideológica y de negocios. Que yo esté allí no los beneficiaba en nada. Este episodio es un dato más, fuerte, en un contexto horrendo para la república y para la democracia. Empujado por un gobierno totalmente servil a las corporaciones; ellos mismos son una corporación. Pero con un reconocimiento brutal de la capitanía de la corporación mediática en ese mundo corporativo. Se robaron el país con procedimientos a mansalva y con impunidad en el mundo de la justicia, del periodismo, y con persecuciones como no se puede imaginar, salvo en una dictadura, que sea feroz. En la dictadura del '82 había más márgenes, por debilidad propia, para mostrarte respondón del poder, que ahora.

–Se estrecha el margen para ejercer el periodismo con un mínimo de dignidad.

–Estamos intentando subirnos a la lona... Periodismo, pueden hacer Tiempo, Contraeditorial, Página, hay una radio de agenda libre para los periodistas que es la 750, y algunos otros, muy pocos. Después hay periodistas que negocian con la marcación de línea editorial de cada empresa que, como nunca, necesita manejar la línea editorial para la negociación con el gobierno. El gobierno no acepta reproches del periodismo.

–¿Cómo se enfrenta esa situación?

–Vivimos en espasmos. Lo mío dura estas notas, otras que me hagan por radio, la continuidad de mi programa. Pero el mundo va a seguir andando. Este episodio es uno más de estos días. Como la cacería desatada en la Justicia o como Milagro Sala presa política. Uno piensa que gritándolo, saliendo a las plazas, va a terminar con eso. No, no terminamos nada. Ya ni siquiera está en la agenda. Ella tuvo que mandar una carta para avivar un poco las aguas. No va a pasar gran cosa. Tenemos por delante unos años de impunidad total de un poder que es ejercido con plena conciencia, con total suficiencia, con absoluta crueldad, con gran desparpajo, con una enorme cuota de cinismo e hipocresía. Y con espíritu fundacional. Es una revolución conservadora: están fundando un país más seguro para los neoliberales.

–¿Son burdos o impunes?

–Son burdos porque no son magos que esconden los piolines. Se ve el truco. Y son impunes porque se hacen aplaudir.

–¿Hacia dónde vamos?

–Podemos proclamar la vigencia de la esperanza, el valor de la lucha, escribir poemas y cantar en las plazas, pero esta es una progresión sostenida hacia un régimen asfixiante. Que se verá más claro cuando explote lo financiero. Como le ocurrió en la dictadura y en los '90. No me refiero siquiera a la economía de los más vulnerables, sino la de la clase media que los sostiene y que es la que genera indiferencia, complicidad, dale que va… Esa clase en algún momento va a pagar el ritmo de las Lebac y de la deuda... Esta locura les va a explotar en la mano. Lo dijo José Luis Esper, para tomar alguien del palo de ellos.

–¿Sólo nos queda sentarnos a esperar sus errores?

–No creo que pase el cadáver. En realidad, el verdadero poder nunca desfiló frente a nuestras casas. Pasa el de los políticos que sirven al poder. Dijo Cristina Fernández de Kirchner que ella tuvo el 25% del poder. Creo que tuvo menos. Pero negociemos: 25%. No existe el poder fuera del poder. No hay poder de Macri fuera del poder de Magnetto-Clarín-corporaciones.

–¿Toda la virtud es la derecha: no hay errores propios?

–Toda la virtud es de la derecha, si ese fuera el término. Del otro lado, los "errores" son haber hecho las cosas, lo bien y noblemente que se pueda hacer, por las mayorías. Y el poder lo tienen las minorías. Sí, claro que hay traiciones por donde pongas la mirada. El papel de la cúpula sindical y lo que son referentes políticos no kirchneristas puros han sido parte de este desastre para la república y la democracia.

–¿Te defraudaron o lo esperabas?

–Nadie pensó que esto iba a ser tan horrible. Debo confesar que cuando perdió Scioli con Macri, lo primero que me ocurrió, en la soledad del pensamiento, fue alivio, porque si hubiese ganado Scioli por medio punto, las calles iban a ser un reguero de sangre. Estaban dispuestos a todo. La conjunción de los medios y la locura de la gente iban a provocar una desgracia. Pero si yo hubiera sabido que íbamos a tener este recorrido lo hubiera pensado diferente. No supe ver los extremos a los que iba a llegar esta gente en su revolución conservadora.

–Aprendieron del pasado.

–La merma de poder que tuvieron en estos 15 años en América Latina los hicieron mucho más perspicaces y crueles. No dejan a un tipo vivo que se les pueda volver en contra. Lo matan en el piso. Este gobierno va por el campo de batalla, dando remates con el tiro en la cabeza. No les importa nada. Todo lo que hacen se lo tapan entre ellos. La obscenidad de lo que roban con el lavado de dinero de Gianfranco Macri, y todo lo que denunció (Horacio) Verbitsky, la obscenidad de Macri en el Correo; la obscenidad de sus empresas; la obscenidad de tener los peajes más caros para venderlos mejor; la obscenidad de la venta de la empresa de GNC para traer autos eléctricos; la obscenidad de que el hermano de (Mario) Quintana sea el tipo que arma los bonos de la deuda única de las provincias en Nueva York; la obscenidad de darle a Gerardo Morales todo cuanto necesita mientras estrangulan a otras provincias como Santa Cruz; la obscenidad del abandono en que dejan a los intendentes del Conurbano que no sean del palo para promover su fracaso. Están en una orgía y no hay ninguno mejor que otro.

–Esto también habla mal de la sociedad que lo aprueba.

–La sociedad se rasca para adentro y cuando coincida en que a todos los joroba el gobierno, tal vez reaccionen. Pero además hay muchos que no tienen beneficios pero sí mucho odio. Hay muchísimo odio, y ese el gran éxito de Clarin y La Nación.

–La Ley de Medios intentó parir poder.

–Por eso la aniquilaron. «

Entrevista publicada en Tiempo Argentino, 18.11.2017.

Así maquilla el PRO el ajuste jubilatorio.


Los cambios al régimen jubilatorio representaron uno de los temas más ríspidos en la relación con los gobernadores para alcanzar la aprobación del Pacto Fiscal. Pero el gobierno nacional logró tranquilizar las conciencias de los mandatarios ofreciéndole incluir, en el proyecto que iría al Congreso, garantías de aumento anual de jubilaciones “por encima de la inflación” y un piso de haberes jubilatorios equivalente al 82 por ciento móvil del salario mínimo. Con el texto de la ley en la mano, los especialistas tienen una opinión distinta. “Es indigno lo que aceptaron los gobernadores, las fórmulas con las que el gobierno pretende garantizar el poder adquisitivo de los haberes es de un cinismo ilimitado; en realidad, todo el proyecto es una lavado de cara para tratar de disimular un ajuste brutal a la seguridad social”, definió Miguel Fernández Pastor, abogado previsional, ante la consulta de Página 12. Como complemento, el proyecto oficial consagra la extensión de la edad jubilatoria a los 70 años, por ahora como una “opción” para el trabajador.

Adiós a la movilidad
El régimen creado en 2009 garantiza dos aumentos al año, en marzo y en septiembre, En cada uno de ellos, se actualizan los haberes en base a la evolución de los salarios y la recaudación del sistema de seguridad social en el semestre anterior. Era una forma de garantizar que los jubilados quedaran vinculados al crecimiento de la economía y de los salarios, haciéndolo partícipe de los beneficios. El sistema propuesto ahora por el Ejecutivo, en cambio, establece que los haberes se ajusten trimestralmente pero en función de la evolución del índice de precios al consumidor del trimestre que cerró seis meses antes. Por ejemplo, la actualización de marzo de 2018, se hará sobre el cálculo de la inflación minorista del trimestre julio/septiembre de 2017.

Para atender el reclamo de los gobernadores de protección al poder adquisitivo de las jubilaciones, la ingeniosa propuesta oficial fue agregarle a la fórmula de ajuste por inflación, por única vez en el año (en el mes de junio), un “adicional” equivalente al 5 por ciento (la vigésima parte) del crecimiento del PBI en el año anterior. Es decir, si el PBI creciera en 2017 un utópico 10 por ciento, los jubilados tendrían en el ajuste trimestral del mes de junio de 2018 un aumento equivalente a la inflación minorista del último trimestre del año 2017 más un adicional de medio punto (0,5 por ciento). Tomando una más razonable hipótesis de crecimiento del PBI del 2 por ciento para este año, el “adicional” sería de tan sólo el 0,1 por ciento.


El 82 móvil
El Estado Nacional le garantizará a los beneficiarios de la prestación básica universal (jubilación mínima) que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82 por ciento del valor del salario mínimo vital y móvil, según establece el proyecto oficial. En opinión de Fernández Pastor, “ese suplemento dinerario es de apenas 19 pesos por mes, y no es para todos los jubilados que cobran la mínima”, lo cual significa, a su criterio, “una muestra de cinismo ilimitado, una medida irrelevante para disfrazar un ajuste brutal”.

Además, el mismo proyecto consagra que el empleador podrá intimar a que su empleado inicie los trámites de acceso a la jubilación sólo a partir de que cumpla 70 años, y no 65 como en la actualidad. Es decir, que el trabajador podrá optar por seguir trabajando hasta los 70 años sin que el empleador lo pueda obligar a jubilarse, pero es la primera vez que se menciona esa edad para jubilarse en una ley, lo cual abre el camino a una futura modificación de la norma en un sentido más amplio.

Raúl Dellatorre.

lunes, 20 de noviembre de 2017

Macri pide a gobernadores que bajen los salarios del personal estatal.


Durante su reunión con los gobernadores para firmar el pacto fiscal, el Presidente reclamó a los mandatarios provinciales que rebajen los sueldos de los empleados públicos para que el sector privado pueda "generar la mano de obra que necesita". “Tenemos una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad", añadió.

“Si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento”, dijo Macri al instar a los gobernadores a que rebajen los sueldos de los empleados públicos. Lo hizo durante la reunión en el que casi todas las provincias, excepto San Luis, firmaron el llamado “pacto fiscal”.

El audio de las palabras de Macri durante la reunión en la Casa Rosada es realmente un cúmulo de neoliberalismo berreta y añejo en el que se mencionaron "cosas que faltan, como ordenar las ciudades, que se han salido del curso y han creado impuestos inconstitucionales que afectan a la actividad".

"Lo he hablado con varios de ustedes, el tema del empleo público y el nivel de salarios, porque si estamos creando todas estas condiciones para que se genere trabajo en el sector privado, el problema es que si les competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento", lanzó Macri. Luego mencionó a la paritaria que se avecina y dijo “siempre nos da una oportunidad".

Esas palabras fueron omitidas en el comunicado oficial de Presidencia sobre el encuentro mantenido con los Gobernadores. El texto publicado en el sitio de Casa Rosada hace foco en el pacto fiscal firmado y en el llamado de Macri para achicar el gasto corriente y reducir impuestos como camino para aumentar la inversión.

Nótese que el audio fue publicado en el sitio "La Política On Line", que se lleva su desproporcionada porción de pauta oficial macrista.

domingo, 19 de noviembre de 2017

La offshore de Caputo compró bonos a 100 años emitidos por el gobierno de Macri.


Así como Melconian, presidente del Banco Nación del gobierno macrista, demandó contra Argentina ante el juez Griesa junto a los fondos buitre, ahora se supo que Noctua Asset Managment LLC, la offshore fundada por Luis Caputo en 2009, fue uno de los 148 fondos de inversión que compró bonos argentinos a 100 años, a una tasa altísima de interés emitidos por el propio Caputo.

El 19 de julio de 2017 el gobierno de Macri colocó un bono (deuda) a 100 años por US$2750 millones conocido bajo el nombre de "Bono internacional 2117". El mismo se oficializó en la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas y lleva la firma de Luis Caputo. En la misma se precisa que “el destino de los fondos será la atención del servicio de la deuda y gastos no operativos de la Administración Nacional” y establece que “la Argentina tendrá derecho, a su opción, a rescatar los bonos, en forma total o parcial, en cualquier momento o en forma periódica antes de su vencimiento”.

Este bono pagará un interés de 7,9% anual en dólares, una tasa altísima que sólo pagan aquellos activos que tienen mucho riesgo. Según explicó el periodista Alejandro Bercovich, durante los primeros 13 o 14 años, la Argentina pagará el capital que recibió y luego seguirá abonando intereses hasta llegar a pagar siete veces el monto original, dado que el plazo es muy largo y los intereses muy altos. Tan es así, que el bono está judicializado y Ariel Lijo es quien lleva adelante la investigación.

Por otro lado, los colocadores del bono serán City Group y HSBC, por un lado y Santander y Nomura como adjuntos. La Resolución indica que a ellos se les reconocerá “una comisión de colocación total del 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos”, lo cual implica un pago de u$s 3,3 millones.

Lo que no se supo hasta ahora es quiénes son los que adquirieron esos bonos a 100 años. Noelia Barral Grigera reveló que hay 148 fondos de inversión que compraron el bono argentino y son los suscriptores de los US$ 2748,8 millones.

Uno de ellos es Gramercy, Un fondo buitre que la Argentina conoce bien porque compró deuda en 2001, cuando estaba a punuo de entrar en default para luego iniciar juicio, cobrar la deuda y también el litigio. Este fondo, con el correr del tiempo, cambió su relación con nuestro país y, en medio del conflicto por el pago a los buitre, estuvo a favor del canje de 2010, lo que lo convirtió en una suerte de "buitre amigo". En este caso, volvió a comprar un bono argentino por la suma de US$10 millones. No es de los más importantes, pero se asegura una relación con el país de hasta 100 años.

Sin embargo, otro de los 148 fondos es aún más polémico porque se trata de Noctua Asset Managment LLC, radicado en Delaware, uno de los sitios más oscuros en materia de información financiera, y que fue fundado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo en 2009. La offshore del Ministro compró el bono argenitno por US$5 millones.

Si bien, cuando los Paradise Papers revelaron que Caputo tenía una serie de offshores a las cuales había renunciado poco antes de asumir la función pública, el Ministro aseguró que "no hay conflicto de interés, de hecho hoy desfavorezco a mis ex socios en lugar de favorecerlos". Sin embargo, en este caso el bono firmado por Caputo fue comprado por la sociedad offshore que él fundó.

Asalto a la caja de los jubilados.


La reforma previsional PRO toma el sistema de seguridad social como variable de ajuste y desfinancia la Anses. Las jubilaciones subirán cada tres meses por el IPC-Indec y sólo en el segundo trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5% de la variación porcentual real del PIB. La reforma también instala la suba de la edad de la jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años.

El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Congreso por la Cámara de Senadores el viernes a la noche dispone que las jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social suban cada tres meses por el índice de precios al consumidor y sólo en el segundo trimestre de cada año serán incrementadas con apenas el 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. Es un alza insignificante para presentarla en forma exagerada que las jubilaciones subirán por “encima de la evolución de la inflación”, como se menciona en el pacto firmado por la Nación y los gobernadores menos el de San Luis. Es una fórmula que perjudica claramente a los jubilados y a los titulares de asignaciones familiares y AUH en relación a la indexación vigente. La iniciativa oficial además ignora explícitamente que está corriendo el período de ajuste de la actual fórmula, a cobrar en marzo próximo. La intención es aplicar la nueva con rezago de seis meses, que arrojaría un alza de apenas un poquito más del 5,0 por ciento (IPC Indec de julio, agosto y septiembre) cuando el ajuste debería ser de no menos del 12 por ciento (evolución del salario y la recaudación de julio a diciembre). La reforma también instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años (ver nota aparte). Estos cambios del sistema previsional colocan a los jubilados y los beneficiarios del sistema de seguridad social, un total de 17 millones de personas, como la principal variable de ajuste de la deliberada política de desfinanciamiento de la Anses desplegada por el gobierno desde diciembre de 2015 y que se acelerará con la reforma tributaria y la reducción de las contribuciones patronales.

Economistas M
El cambio de clima político está naturalizando medidas que deterioran la calidad de vida de los jubilados, desde la reducción de la cobertura del PAMI hasta el recorte de los ingresos mensuales. Hasta hace poco postular la reducción de jubilaciones hubiera provocado un rechazo mayoritario. Ahora lo están vociferando economistas no estigmatizados con la letra M. No se inhiben en decir que la clave del pacto con los gobernadores y la reforma impositiva es reducir el haber previsional. Carlos Melconian afirmó, en un seminario organizado por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, que “de todas las medidas propuestas, la reforma previsional es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va a salir”. Miguel Angel Broda también señaló, en la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, en Bariloche, que “lo más importante es que salga la ley de cambio de la fórmula de movilidad. En vez de 10,5 por ciento sobre PIB de jubilaciones, tendríamos 2,5 puntos menos y el déficit primario de 4,0 bajaría a 1,5 por ciento”.

La evaluación oficial para decidir el asalto a la caja de la Anses esta basada en el convencimiento de que el monto de las jubilaciones es elevado y que muchos no merecen recibir ese dinero porque ingresaron al sistema previsional a través de una moratoria. Casi todos los gobernadores acompañaron esa definición en el pacto fiscal rubricado con la presencia de Macri.

Es tan brutal poner a los jubilados como principal variable de ajuste que el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, salió a confundir falseando el impacto de la actual movilidad jubilatoria. Afirmó sin ruborizarse que es una fórmula que no les conviene a los jubilados porque es “procíclica” y en situaciones de crisis pierden en relación a la inflación.

En esa definición aparecen dos cuestiones que deberían incomodar a Dujovne:

1. Macri asegura que la economía argentina tiene un horizonte de 20 años de crecimiento y, por lo tanto, la actual indexación, acompañando ese eventual ciclo positivo, sería más favorable para los jubilados que el ajuste por inflación y “un poco más” insignificante.

2. Desde el 2009, cuando comenzó a aplicarse la fórmula vigente, las jubilaciones subieron 950 por ciento hasta septiembre pasado, mientras que en ese mismo período la inflación fue de 692 por ciento, tomando indicadores de consultoras, el promedio de los institutos provinciales y desde 2016 el IPC-CABA e IPC-Indec.

El predominio discursivo del oficialismo con su inmensa red de propaganda pública y privada exhibió, al otro día de la capitulación de los gobernadores, titulares que aseguraban que las jubilaciones subirán por encima de la inflación. La fórmula que se conoció con el proyecto de ley rebela el sentido del humor amarillo: si el PIB sube 3,0 por ciento, el único adicional en el año será 0,15 por ciento a la inflación del segundo trimestre. No es necesario hacer muchos malabarismos con las cifras para revelar que, si la Anses contabilizará un “ahorro” previsional, los jubilados y los titulares de asignaciones (familiares y AUH) recibirán un aumento bastante más bajo con el cambio de la fórmula de actualización. En marzo de 2018, menos que la mitad.


Guadaña
Para hacer frente a los crecientes desequilibrios de las cuenta públicas provocados por la política económica, el gobierno ha decidido asaltar la caja de los jubilados y la seguridad social. La Anses perderá recursos, como mínimo, por 68 mil millones de pesos el año próximo, hasta un máximo de 220 mil millones de pesos por los cambios impositivos. Es la estimación realizada por los economistas del Instituto de Trabajo y Economía. Este monto inmenso no es todo. El desfinanciamiento de la Anses será más pronunciado. El nuevo esquema de contribuciones patronales restará recursos adicionales por unos 43 mil millones de pesos el año próximo, hasta 200 mil millones de pesos al final del cronograma previsto en el 2022. Es el cálculo del Centro de Economía Política Argentina.

Estos dos guadañazos a las cuentas de la Anses se suman al que el gobierno previamente había realizado con la devolución del 15 por ciento a las provincias (cinco cuotas de 3 por ciento por año) por la retención de la masa coparticipable con destino a financiar las jubilaciones y el sistema de seguridad social. Medida que fue impulsada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en las últimas semanas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para compensar parte de esa pérdida de fondos de la Anses a favor de empresas y de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires, el gobierno modificará la fórmula de actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares (incluida la AUH) para “ahorrar” unos 100 mil millones de pesos.


El esquema básico de redistribución regresiva de recursos públicos que define la reforma tributaria y la previsional es el siguiente:

Las grandes empresas pagarán menos de cargas patronales, no así las pymes que deberán contabilizar una leve alza de dos puntos, al unificar la alícuota en el 19,5 por ciento.
A las provincias les prometen más recursos y fueron presionadas a bajar impuestos pro empresas (Ingresos Brutos y Sellos) y a despedir empleados públicos, además de reducirles el salario en términos reales. Pero la única realmente beneficiada con más fondos será Buenos Aires.
Los jubilados empezarán a recibir un aumento menor respecto al que surgiría de la actual fórmula de movilidad.
Las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y la Asignación Universal por Hijo también tendrán una indexación menor.
Este reordenamiento de fondos públicos tiene como saldo el desfinanciamiento de la caja de la seguridad social. Es la preparación del escenario para justificar una privatización parcial del régimen de jubilaciones.

Desfinanciar
En un artículo que publiqué el 26 de noviembre de 2015 (“El puntapie inicial”) advertí acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que iniciaba el sendero para desfinanciar a la Anses, camino que el gobierno de Macri continúa con entusiasmo. Esa sentencia prohibió al Estado Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa coparticipable entre las provincias con destino a la Anses. De ese modo, la caja de la seguridad social perdió unos 13 mil millones de pesos anuales por la no retención del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a partir del fallo que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Para el resto de las provincias, el gobierno dispuso la restitución del 3 por ciento de la coparticipación por año, primera cuota anual de un total de 15 por ciento, que suma otros 12.400 millones de pesos.

Ahora la Anses debe restar 130 mil millones anuales por la resignación del 20 por ciento de Ganancias (que pasa a financiar el acuerdo del gobierno con las provincias) y otros 40 mil millones anuales por la reducción de las contribuciones patronales. El gobierno asegura que la Anses será “resarcida” con la recepción del ciento por ciento del Impuesto al Cheque (contra el 70 por ciento en la actualidad). Eso significa un ingreso extra de casi 60 mil millones de pesos. Pero es poco probable que reciba ese dinero, puesto que la reforma tributaria propone que los contribuyentes podrán aplicar el ciento por ciento del pago del Impuesto al Cheque como anticipo de Ganancias.

El gobierno impulsa de ese modo que los jubilados y titulares de AUH y asignaciones familiares financien las cuentas provinciales, privilegiando a Buenos Aires, y las de las empresas.


Cuentas
Economistas y analistas preocupados por el creciente déficit de las cuentas públicas no mencionan que el desequilibrio heredado y manejable fue ampliado por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos a sectores concentrados y por el inmenso aumento de la carga de intereses de la deuda. Sólo la disminución de subsidios a servicios públicos con una sucesión de tarifazos que no se detiene (gas, luz, agua y transporte), que castiga el ingreso disponible de la mayoría de la población, compensa un poco el sendero explosivo del déficit fiscal. Esas medidas significaron una inmensa transferencia regresiva del ingreso. Para abordar el desequilibrio provocado por esas medidas el gobierno avanza en profundizar la regresividad, asaltando el ingreso de los jubilados y titulares de derechos económicos y sociales, como la AUH.

El déficit fiscal de la Nación aumentará con la reforma tributaria y el acuerdo con las provincias, estimó la consultora Economía & Regiones, precisando que sólo Buenos Aires “es la gran y única ganadora de ese combo”. Con un evidente sesgo político-electoral con vista a las elecciones presidenciales del 2019, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá recursos adicionales por 40.959 millones de pesos en 2018, monto que subirá a 65.000 millones en el próximo. El resto de los gobernadores que rubricaron el acuerdo seguirán con cuentas asfixiadas. Además el gobierno les hizo firmar el “Consenso Fiscal” con un capítulo de reforma previsional de carácter regresivo, que el proyecto de ley ratifica subiendo a 70 años la posibilidad de jubilarse, con un engañoso 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo -porcentaje que ya se alcanzó- y diseñando una fórmula de movilidad atada a la inflación con una irrisoria alza adicional en un solo trimestre del año.


Ajuste
Los economistas del Instituto de Trabajo y Economía hicieron una oportuna observación respecto a la obsesión de los gobiernos neoliberales con el ajuste fiscal. Señalan que los conservadores piensan la política fiscal como el resultado del comportamiento de políticos que quieren perpetuarse en el poder y, para ello, hacen cualquier cosa para lograrlo. Esto se traduce en aumentar el gasto público y, por lo tanto, el déficit fiscal y también en incrementar el tamaño del Estado. Ante esa situación, los gobiernos conservadores proponen establecer reglas fiscales que disciplinen a esos políticos. Esto es lo que postula el gobierno de Cambiemos con el argumento de que así se envían señales al mercado para atraer inversiones y para garantizar que el mundo de las finanzas continúe prestando. Los investigadores del ITE indican que, bajo esa premisa, la administración Macri propuso un esquema de metas fiscales que apuntan a una reducción paulatina del déficit primario hasta llegar al 2,2 por ciento del PIB en 2019. “Un aspecto a destacar de este programa de metas es que, al no incorporar en su proyección el resultado financiero, barre bajo la alfombra la carga de los intereses de la deuda pública”, apuntan.


La preocupación acerca de la magnitud del déficit, en realidad es la excusa para redistribuir ingresos en forma regresiva, mejorando el cuadro de costos de las empresas afectando la caja de los jubilados y de la seguridad social. El desfinanciamiento de la Anses enciende una mecha que termina en las cuentas públicas. El endeudamiento interno y externo desaforado va alargando ese cordón encendido pero existen antecedentes recientes que indican que no se puede estirarlo en forma indefinida.

Alfredo Zaiat.

sábado, 18 de noviembre de 2017

El shock macrista.


La llegada de la Alianza Cambiemos a la Casa Rosada no supuso una simple alternancia democrática, sino un verdadero cambio de régimen económico. En el libro La recaída neoliberal se plantea la pregunta ¿por qué, si sus efectos negativos son conocidos, Argentina cayó nuevamente en la trampa del neoliberalismo? La obra de Claudio Scaletta explica la inviabilidad del nuevo régimen porque, incluso si resulta “exitoso”, no genera empleo suficiente, a la vez que crea una dependencia externa explosiva.

El punto de partida de las páginas que siguen, además del deseo siempre presente de explicar procesos, es un estadio anterior. Son sensaciones fuertes que me acompañan desde diciembre de 2015: el malestar y el azoramiento frente a la reiteración, en los ámbitos de la sociedad civil y la política, de discursos fracasados en la historia económica local y mundial. Vuelven a escucharse discusiones completamente superadas por la experiencia histórica y teórica; cuestiones tan viejas y respondidas como el rol del Estado, el proteccionismo, los efectos de una devaluación, las causas de la inversión o la explicación de la inflación. La lista podría seguir hasta incluir a todos los agregados macroeconómicos. Pero el punto de partida, el verdadero problema es que, luego de la experiencia de 2003–2015, el país se encuentra nuevamente frente a una restauración neoliberal.

La nueva realidad post 2015, entonces, no constituye una mera alternancia dentro de un régimen democrático estable. Se trata de la expresión de un proceso de mayor complejidad cuyos resultados en términos de sustentabilidad social y política podrían ser inquietantes por dos razones fundamentales. La primera, porque aun en caso de que a la actual administración “le vaya bien” en sus propios términos, el modelo puesto en marcha se caracteriza por no crear empleo suficiente. Esto es así porque se concentra en el desarrollo de sectores con ventajas comparativas estáticas, como agro y energía, y sectores ya establecidos y altamente concentrados de la industria, los que en conjunto no son lo suficientemente demandantes de mano de obra, es decir que el modelo no es sustentable socialmente porque deja fuera a una parte de la población. La segunda remite a que el nuevo régimen basa su funcionamiento –otra vez en la historia económica local– en la entrada de capitales, principalmente bajo la forma de endeudamiento externo, una toma de deuda que además no se produce en paralelo al desarrollo de sectores generadores de divisas para el repago. En consecuencia el modelo tampoco es sustentable financieramente en su frente externo.

La pregunta del millón, que a su vez es la fuente del malestar y azoramiento inicial, remite a por qué se reincide en una política económica que conduce a la insustentabilidad social y financiera, cuando tanto la teoría como la experiencia histórica, local y global, “conocen” el resultado al final del camino.

El núcleo
Avanzado 2017, dejó de ser una predicción que el gobierno surgido del balotaje del 23 de noviembre de 2015 no representó una mera alternancia democrática, sino un cambio de régimen instrumentado a través de un verdadero shock económico. Aunque la dirección de las transformaciones ocurridas era predecible, en los primeros meses sorprendió la velocidad de avance, el cambio de discurso y, en particular, la falta de resistencia, no ya del conjunto de la sociedad, sino de la mayoría de la dirigencia política que, con la excusa de no entorpecer la “gobernabilidad”, habilitó al nuevo gobierno a conducirse, no como una mayoría circunstancial surgida de las urnas, sino como el representante de un nuevo bloque histórico.

Vamos a destacar cuáles fueron las medidas que posibilitaron la salida del neoliberalismo luego de la crisis de 2001–2002. Recapitulando, las decisiones económicas núcleo fueron:

1. El establecimiento de aranceles al comercio exterior, los que protegieron el mercado interno, desdoblaron los tipos de cambio efectivos entre los distintos sectores económicos (dependiendo de la tasa de retenciones a las exportaciones), amortiguaron el impacto de la devaluación a través de la baja de los precios internos y permitieron al Estado participar por la vía fiscal tanto del ciclo alcista de los commodities como de los beneficios extraordinarios de la depreciación. Los aranceles, junto a otras medidas complementarias como las DJAI o las licencias no automáticas, también protegieron selectivamente de las importaciones al mercado interno.

2. La desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, lo que significó la reducción de uno de los principales precios relativos de la economía, tanto para los consumidores, en tanto se liberaron recursos para el consumo, como para las empresas, para quienes significó una baja de los costos de producción.

3. El aumento de salarios. Primero fue la suba del salario mínimo, vital y móvil, luego los decretos de aumentos de suma fija. Finalmente, una vez recompuesto por la vía del crecimiento y el aumento del empleo el poder de negociación de los trabajadores, la motorización de las paritarias. Este último factor, junto con el aumento real del gasto del sector público por múltiples vías, fue la base de lo que llamamos “el crecimiento conducido por la demanda”.

4. El desendeudamiento. Tras el default inicial, se produjo la reestructuración de la deuda pública externa a partir de 2005, con el pago al FMI y la liberación de su tutela, y luego el lento pero persistente desendeudamiento, proceso que corrió en paralelo con una política exterior pragmática centrada en los alineamientos intrarregionales y la revinculación con los principales socios comerciales extra región.

De los cuatro factores señalados, los dos primeros correspondieron a decisiones tomadas durante el gobierno de transición 2002–2003 como producto del estallido del régimen anterior y la imposibilidad de seguir manteniendo la convertibilidad cambiaria fija. Como ya se dijo, ello no niega la voluntad política de la decisión en tanto podría haberse optado por una serie de políticas menos virtuosas. Los dos segundos factores fueron instrumentados a partir de mayo de 2003 ya como parte integrante de la nueva concepción del crecimiento conducido por la demanda y en el marco de la búsqueda de mayores grados de libertad y autonomía de la política económica.

Si estos cuatro factores significaron las medidas núcleo de salida del neoliberalismo, su regreso se plasmó en su reversión especular, reversión que fue el núcleo de la política de shock aplicada por el nuevo gobierno.

La regresión
Devaluación: El shock económico provocado por Cambiemos a partir de diciembre de 2015 comenzó por el levantamiento de los controles cambiarios aceptando como dado el nivel del tipo de cambio del mercado negro, la cotización del eufemísticamente llamado “dólar blue”. El nuevo precio de la divisa no fue obra de presuntos equilibrios del mercado de cambios, sino una decisión política, como siempre lo es –mientras se tenga el control de las variables- la fijación del nivel del tipo de cambio. El dato notable fue que la potente devaluación de la moneda local en un 40 por ciento se transmitió al conjunto de la sociedad como una presunta “liberación”, como el añorado “levantamiento del cepo” al que además los medios de comunicación se apresuraron a calificar como “exitoso”.

Eliminación de retenciones: En el mismo diciembre también se anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias con excepción de la soja, a la que solo se le aplicó una baja parcial de 5 puntos, aunque se anunció que su alícuota continuará bajando a partir de 2018. También se eliminaron las retenciones residuales que quedaban sobre algunos productos industriales y, con días de diferencia, se otorgó el mismo beneficio a las exportaciones mineras. Sin embargo, para parte del sector industrial, no todas fueron buenas noticias, pues al mismo tiempo comenzaron a destrabarse todas las importaciones frenadas por las DJAI. Se cumplía así con una de las principales promesas de campaña y a la vez una de las principales demandas del bloque histórico expresado por el nuevo gobierno.

El levantamiento de los controles cambiarios, primero parcial y luego total, y la eliminación de los aranceles al comercio exterior cumplió con dos de los principales requerimientos de las multinacionales que gobiernan de facto el capitalismo global: la libre circulación de capitales y de mercancías.

Redolarización de tarifas: A partir de marzo de 2016 comenzaron los ajustes tarifarios. Los aumentos fueron desde el 400 a más del 1000 por ciento, dependiendo del tipo de servicio y usuarios, proceso que al redactar estas líneas, avanzado 2017, todavía continúa. La desproporción de las subas significó un fuerte impacto en el ingreso disponible de los trabajadores, que desde entonces deben destinar una porción mucho mayor de su salario al pago de servicios, así como en los costos de las empresas. Para muchas pymes y pequeños comercios el shock tarifario llevó al límite sus ecuaciones de costos. Luego, al tratarse de uno de los principales precios relativos de la economía, los aumentos tarifarios fueron responsables de buena parte de la fuerte inflación registrada.

Baja de salarios: Puede parecer notable que gobiernos democráticos bajen salarios. También es notable que se consigan bajas salariales a pesar de la existencia de un movimiento obrero organizado y de trabajadores empoderados por años de crecimiento y de mejoras en sus ingresos. Sorprende también la velocidad con que esto sucedió. En pocos meses se pasó de reclamos de segunda generación, como claramente lo eran las demandas contra el Impuesto a las Ganancias que motivaron hasta paros generales contra el gobierno anterior, al temor de perder el empleo. De acuerdo a distintas fuentes en 2016 la pérdida del poder adquisitivo del salario fue de entre el 6 y el 10 por ciento, con piso en el sector privado y techo en el público.

Reendeudamiento y dependencia
La foto del balance de pagos 2016 indica en primer lugar que la devaluación, “la exitosa salida del cepo”, no cumplió la promesa mainstream de morigerar el déficit de la Cuenta Corriente, dato que según la buena teoría era esperable en tanto, como se explicó, la devaluación no aumenta las exportaciones. El déficit de la Cuenta Corriente se resolvió recurriendo a un endeudamiento desaforado, pero sin un plan que destine los fondos a la reducción futura del déficit externo, es decir al desarrollo. Este endeudamiento, más la política monetaria que fijó una elevada tasa de interés de referencia que sobreestimuló el carry trade, más conocido como “bicicleta financiera”, redundó en un ingreso de divisas que, tras la devaluación inicial, permitió mantener anclado el tipo de cambio, lo que dada la aceleración de la inflación significó iniciar un inmediato proceso de revaluación. El resultado fue la recreación de las condiciones para la dependencia permanente del ingreso de capitales. Dicho de manera sucinta: la recreación de la dependencia. Volvió a iniciarse un ciclo conocido y repetido de la economía local. Lo que se observa es un peso creciente de la deuda financiera sobre las cuentas públicas que demandará recursos presupuestarios también crecientes, los que se utilizarán como excusa para ajustes continuos. Como la nueva deuda es mayoritariamente en divisas y continuará el déficit de la Cuenta Corriente, se acentuarán los lazos de dependencia con el ingreso de dólares del exterior. Los planes de ajuste al estilo FMI están a la vuelta de la esquina. Otra vez la sombra de las renegociaciones de deuda con condicionalidades, avance sobre el patrimonio público y pérdida de grados de libertad de la política económica.

Claudio Scaletta.