El reemplazo de Alberto Abad al frente del ente recaudador AFIP fue recibido en el gobierno con un suspiro de alivio. Las explicaciones oficiosas fueron diversas y se venían repitiendo desde octubre: mis publicaciones en agosto y septiembre de las sumas blanqueadas por familiares, amigos, socios y testaferros del presidente Maurizio Macrì; la resistencia a complacer las solicitudes de la jefatura de gabinete a favor de determinadas empresas; la inflexibilidad para exigir el cobro de las deudas pendientes sin escuchar las conveniencias políticas.
Nada de eso parece demasiado consistente. Abad desmintió cada una de las versiones y dijo que se jubilaba porque había cumplido medio siglo de trabajo y 35 años en el sector público. La furia de Macrì es comprensible, ya que al saberse que su hermano Gianfranco blanqueó más de 600 millones de pesos se puso en evidencia que la declaración impositiva del presidente es más falsa que billete de tres pesos. Es inverosímil que el primogénito y heredero de la jefatura de los negocios familiares declare como totalidad de sus bienes 120 millones, cinco veces menos de lo que ocultaba el segundón que figura en los directorios. También lo enfureció la revelación de que entre los beneficiarios del blanqueo están la madre y dos hermanas de su esposa, su hermano de la vida y el empresario que ahora funge como titular de la constructora familiar de los Macrì-Calcaterra.
Pero es obvio que no fue Abad quien me permitió acceder a la lista de los delincuentes de guante blanco que regularizaron su situación con la moratoria y el blanqueo más generosos que se conozcan: pagando no más del 10 por ciento de lo que fugaron y evadieron, sin que pueda investigarse el origen de esos fondos, cuando el impuesto a las ganancias de un solo año es del 35 por ciento; beneficiándose con la paulatina extinción del impuesto a los bienes personales y sin obligación de traer ese dinero al país. Como dijo en Madrid Nicolás Dujovne, lo importante [para ellos] no es el lugar de radicación de los activos sino que estén declarados.
El festejo no se debió al retiro de Abad sino a la designación para sucederlo del Secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, Leandro Cuccioli. Su curriculum revela que no ha sido formado para recaudar impuestos sino para evadirlos y fugar capitales hacia el mundo offshore. Eso cuadra con el elogio presidencial: “Sabe jugar en equipo”. Cuccioli excede ampliamente la media: más de la mitad de los bienes de los integrantes del gabinete están fuera del país y en el caso del nuevo titular de la AFIP casi el 90 por ciento. El problema es que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación descubrió que el jefe y amigo de Cuccioli, Luis Caputo, ocultó en sus declaraciones juradas su participación en una serie de cajas chinas radicadas en las islas Caimán y los estados de Delaware y Florida. Entre los títulos que administraba había bonos de la deuda argentina en default, cuyo pago a los fondos buitres Caputo negoció ya desde el gobierno. Ante cada consulta, Caputo lo negó. No pudo impedir que el dato fuera confirmado por la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la SEC.
El tema es ahora objeto de investigación judicial. “Vamos a citar a todos los que tengan cuestiones impositivas que aclarar”, dijeron funcionarios íntimos de Abad. No era imaginable que ante la consulta de fiscales y jueces esa información fuera reservada en la AFIP. No es el único funcionario que necesitaba algo más que el entusiasta encubrimiento de la denominada Oficina Anticorrupción, una dependencia del Poder Ejecutivo ocupada por una ex diputada oficialista, pariente de Daniel Angelici.
A Abad le pasó lo mismo que a Carlos Balbín, el juez que ocupó la Procuración del Tesoro hasta que la fiscal Gabriela Boquín destapó el escándalo del Correo Argentino. Balbín ya tenía preparado el dictamen contrario a la pretensión de Macrì de licuar esa deuda. Quien lo sucedió en la Procuración fue el abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, quien no piensa lo mismo.
Hace un lustro, el experto en impuestos Jorge Gaggero escribió un artículo sobre “Los deberes fiscales pendientes”. Allí decía que era muy preocupante que la administración tributaria nacional atravesara un proceso de “retorno al pasado, a los períodos de gran volatilidad en sus conducciones, de pérdida de profesionalidad e independencia en sus más altos cuadros y de la necesaria distancia de las vicisitudes político-partidarias, con el consiguiente debilitamiento de la gestión”. Gaggero, que fue muy crítico de Ricardo Echegaray, veía repetirse “lo sucedido a mediados de los ’90 en la gestión tributaria nacional (vale decir, la interferencia política en los procesos de persecución de evasores poderosos y el desemboque en moratorias y blanqueos a su favor). La repetición de este tipo de sucesos pone de resalto cierta continuidad cultural- político-institucional a favor de cursos de acción contraindicados, en muy diversos contextos políticos y bajo distintos regímenes de política económica”.
La revolución de la alegría ya se contagió de la Procuración del Tesoro a la AFIP.
Comentarios
Publicar un comentario